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La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en los contratos de tracto sucesivo a propósito del Coronavirus

14.12.2020 News

Aproximación al concepto y su incidencia en los contratos de tracto sucesivo. Diferencia con la “fuerza mayor”.

Desde que se decretó el estado de alarma (RD 463/2020, de 14 de marzo) en nuestro país como consecuencia de la pandemia conocida como COVID19, hemos sido consultados sobre las consecuencias que esta circunstancia puede provocar en el cumplimiento de los contratos. La mayoría de las preguntas versan sobre si se pueden suspender, incumplir, modificar o resolver los contratos debido a la aparición sobrevenida de esta crisis que ahora vivimos.

Las circunstancias que pueden sobrevenir en la celebración de los contratos pueden ser muchas y muy distintas pudiendo las mismas cambiar durante la vida del contrato.

En este sentido, las circunstancias que se pactaron al inicio del contrato pueden modificarse sin que intervenga el dolo y la voluntad unilateral de las partes en el incumplimiento y sin que tampoco concurra culpa por parte de una de las partes contratantes.

Dos son las figuras jurídicas que deben ser analizadas, en el caso que nos ocupa, para dar respuesta a las cuestiones que se están planteando: la fuerza mayor o caso fortuito, y la llamada cláusula rebus sic stantibuso alteración sobrevenida de las circunstancias del contrato. Este artículo tiene por finalidad estudiar la aplicación de la segunda de ellas, sin embargo, creemos conveniente delimitar estos dos conceptos.

Ante el cumplimiento de la obligación pueden observarse varias actitudes: realizar la prestación o no realizarla. La no realización de la obligación puede ser por cumplimiento defectuoso o incumplimiento total o absoluto de la misma, y ese incumplimiento, según lo establecido en el art. 1.101 del Código Civil, se lleva a cabo a través del dolo, la negligencia o la mora, actos que dan lugar a responsabilidad del que actúa de ese modo.

Pero esa responsabilidad no opera en los casos previstos en el art. 1.105 del Código Civil el cual establece que “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”.Estos casos son los denominados “fortuitos o de fuerza mayor”,términos que el legislador ha decidido cambiar por “sucesos imprevisibles e inevitables”.Los sucesos imprevisibles e inevitables exoneran o liberan de la responsabilidad por incumplimiento de la obligación del deudor (en el caso de la mora accipiens, también del acreedor).

Por el contrario, la alteración sobrevenida de las circunstancias o cláusula rebus sic stantibustiene por finalidad la modificación del contrato encaminada a compensar el desequilibrio de las prestaciones causado por dicha alteración sobrevenida,habiéndose negado tradicionalmente por la jurisprudencia efectos rescisorios, resolutorios o extintivos del contrato, salvo cuando no sea posible de otra forma el equilibrio de las prestaciones.

Ambas figuras suponen las excepciones admitidas en nuestro derecho respecto del principio de “pacta sunt servanda”contemplado en los artículos 1.091 y 1.258 del Código Civil, aunque en la actualidad la cláusula rebus sic stantibus se entiende como un elemento integrador de dicho principio debido a las exigencias del orden público económico, los cambios en el tráfico jurídico y el principio de buena fe. 

Así, por cuanto a la aplicación de la fuerza mayor como causa de imposibilidad de cumplimiento de una obligación, cuando se trata de deudas pecuniarias, las cuales son una obligación genérica, se les aplica el principio “perpetuatio obligationis”en el sistema de riesgos por lo que no se les puede aplicar la imposibilidad del cumplimiento, ergo la fuerza mayor no actuará como causa extintiva de la obligación (véase la STS sec. 1ª, nº 266/2015, rec. 721/2013, de 19 de mayo de 2015).

Por tanto, cuando estamos ante una obligación dineraria, no hay imposibilidad sobrevenida que extinga la obligación, por cuanto el dinero (género) no perece (genus nunc quam perire consetur). Estaríamos, en todo caso, ante una insolvencia del deudor y no seria aplicable la fuerza mayor.

Como decíamos, la mayoría de los interrogantes, en el caso que nos ocupa, se dirigen a esclarecer si las actuales circunstancias permiten, o no, una extinción en el deudor de su obligación de pago respecto del acreedor o, alternativamente, una modificación o suspensión de dicha obligación en los contratos de tracto sucesivo.

Como hemos visto, no cabe extinción de la obligación de carácter pecuniario. La imposibilidad del cumplimiento de la obligación encuentra su campo de acción en las obligaciones de dar cosa determinada (artículo 1.182 del Código Civil) y en las obligaciones de hacer (art. 1.184 del CC). Pero esto sería objeto de otro estudio.

Sin embargo, sí que podríamos estar ante una modificación o “suspensión” de las obligaciones de carácter pecuniario, aplicando la cláusula “rebus sic stantibus” por cuanto de lo que se trata es de conservar los actos y negocios jurídicos a los que hace alusión, entre otros, el art. 1.284 del Código Civil (véase, entre otras, la STS de 15 de octubre de 2014).

La crisis del coronavirus puede haber provocado incumplimiento de la celebración de múltiples contratos, por ejemplo, de transportes, de reservas hoteleras, de incumplimiento de contrato de arrendamiento por situaciones de paro provocadas por expedientes de regulación de empleo en empresas, o cualquier tipo de incumplimientos que no se han provocado por situación personal, o por culpa de una o de todas las partes contratantes.

En la sentencia del Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 30-04-2015, nº 227/2015, rec. 929/2013 se señaló que a la hora de aplicar la cláusula “rebus sic stantibus” es preciso atender a los criterios que deben tomarse en consideración para la aplicación de la misma por cambio de circunstancias, es lo que se denominó el «riesgo normal inherente o derivado del contrato», esto es:

“Los riesgos asignados al cumplimiento del contrato ya por su expresa previsión, ya por su vinculación con los riesgos propios que se deriven de la naturaleza y sentido de la relación obligatoria contemplada en el contrato”.

Esta claro que la existencia de una pandemia, como lo es el coronavirus, no puede asociarse a un riesgo inherente a los contratos por su carácter de imprevisible y su excepcional manifestación.

El Tribunal Supremo descarta la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” para revisar o resolver el contrato cuando exista una previsión legal o contractual de los posibles riesgos.

La sentencia del Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 30-06-2014, nº 333/2014, rec. 2250/2012 pone de manifiesto circunstancias que avalarían aplicar la cláusula rebus sic stantibusa una situación de pandemia como la que vivimos:

  • La aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” no supone una ruptura o singularidad respecto de la regla preferente de la lealtad a la palabra dada (pacta sunt servanda), ni tampoco de la estabilidad o mantenimiento de los contratos.
  • En casos como el actual (pandemia declarada) no quiere decirse que la aplicación de esta cláusula suponga romper el “pacta sunt servanda”, porque quien queda afectado por la pandemia, en su relación con lo pactado, quería cumplirlo, pero la imprevisibilidad y ajenidad de esta particular situación le impide hacerlo o, al menos, en la manera como se pactó.
  • Cuando fuera de lo pactado, de forma sobrevenida y sin culpa de las partes, cambian las circunstancias que dotaron de sentido la base o finalidad del contrato, las pretensiones de las partes pueden ser objeto de adaptación o revisión, lo que conforme al principio de buena fecabe esperar en este contexto (véase la STS 21 de mayo de 2009, núm. 1178/2004).

Supuestos diversos

Todo esto, llevado a los diferentes casos que los clientes nos plantean, podría traducirse en una “suspensión” o modificación de las condiciones contractuales que variaría según los supuestos.

Veamos algunos ejemplos:

  1. Contrato arrendamiento vivienda habitual:

La mayoría de las consultas van encaminadas a este tipo de contratos, en los que el arrendatario ha perdido su trabajo o le han sometido a un ERE o ERTE, no pudiendo pagar la totalidad o parte de la renta pactada o, por otra parte, el arrendador deja de percibir la renta del inmueble de su propiedad y ocupado por los arrendatarios.

En estos casos, sería aplicable la cláusula “rebus sic stantibus” y no la fuerza mayor pues, como dijimos, se trata de una obligación pecuniaria.

La aplicación de esta cláusula al contrato de arrendamiento debería conducir a una rebaja de la renta, pero no a una exoneración del pago de esta vía suspensión del contrato de arrendamiento. En principio, no tiene sentido cargar solamente sobre una de las partes contratantes los riesgos de una situación extraordinaria.Ambas partes deberían asumir equitativamente la pesada carga que el coronavirus está provocando, siendo conscientes que, de judicializarse la situación, está es la solución que tiene más probabilidades de imponerse en los Tribunales.Cabe mencionar que la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en los contratos de arrendamiento no es unilateraly exige, en caso de disconformidad entre las partes, un pronunciamiento judicial. 

  1. Contrato arrendamiento de local de negocio

En este tipo de arrendamientos serían aplicables los mismos principios que en el de vivienda habitual.

En efecto, la obligación del arrendatario de un local de negocio destinado a un comercio que tiene prohibida su apertura por la crisis del coronavirus tiene como obligación esencial frente al arrendador el pago de la renta convenida. Se trata de una obligación dineraria que no resulta de imposible cumplimiento y, por tanto, no estaremos ante el caso fortuito o la fuerza mayor. 

Sin embargo, se da la circunstancia de que en estos contratos el arrendador está cumpliendo con su obligación de respetar la posesión, uso y disfrute del arrendatario del local, por lo que no parece razonable trasladar al arrendador todas las consecuencias de la imposibilidad de la apertura o imponerle una suspensión del contrato. En efecto, parece evidente que un contrato de arrendamiento en el que el arrendatario sigue detentando la posesión, uso y disfrute del local no puede suspenderse. Téngase en cuenta que lo que las autoridades han prohibido no es la posesión y ocupación del local sino su apertura al público.

Por tanto, de nuevo, nos encontraremos ante la cláusula rebus sic stantibus y habrá que valorar si la imposibilidad de apertura del local al público durante un espacio temporal determinado representa un incidente de tal magnitud que altera las bases del negocio de tal forma que frustra o hace inalcanzable la finalidad económica primordial de contrato y, además, quiebra la conmutatividad del contrato, esto es, se produce un desequilibrio importante entre las prestaciones y, además, no se trata de una circunstancia (la no posibilidad de apertura al público) que sea un riesgo normal de este tipo de contratos o esté contemplada en el contrato. 

Se debe valorar cada caso concreto para saber si sería o no de aplicación la clausula rebus sic stantibus.

Serán factores determinantes, entre otros, la duración de la prohibición de apertura, si el arrendatario se ha visto mermado en sus ingresos o no por esa falta de apertura y su magnitud, las posibilidades de recuperación de ingresos por el arrendatario una vez cese la prohibición de apertura, o incluso las propias circunstancias del arrendador.

  1. Contratos de préstamo, préstamo hipotecario o de crédito

En principio, la devolución del un préstamo a través de cuotas periódicas es una obligación de pago dineraria al que no le resulta de aplicación la imposibilidad del cumplimiento de la obligación, pero no encontramos ningún motivo (salvo que el propio contrato lo excepcione) para no aplicar la cláusula rebus sic stantibus a dichos contratos, obviamente, si concurren los requisitos anteriormente expuestos para ello.

Podría negociarse una modificación en el plazo de devolución de las cuotas o de las condiciones del contrato.

Como se sabe, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, adopta una medida de carácter urgente dirigida a asegurar la protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Este Real Decreto-ley dispone una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de los colectivos particularmente vulnerables, declarando su Exposición de Motivos que “es de especial importancia garantizar el derecho a la vivienda a los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19”.

Sus artículos 7 a 16 establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de esta crisis. Su artículo 9 establece cuales son los supuestos de “vulnerabilidad económica” que deben alegarse para acogerse a la moratoria entre los que esta “El deudor hipotecario que pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas”.

  1. Contratos de suministro de materiales

Como suele ser habitual, las empresas celebran contratos con proveedores, pactándose el precio de los bienes que han de suministrarse durante todo el periodo de duración del contrato. Sin embargo, no se fijan mecanismos de revisión del precio, o causas de suspensión del contrato para regular situaciones acaecidas por un cambio sobrevenido e imprevisible de las circunstancias, como la llegada, en este caso, de una pandemia mundial.

A este respecto, la cláusula rebus sic stantibus, se entiende puesta tácitamente en este tipo de contratos, y permitiría a las partes, siempre que se respeten las exigencias derivadas de la buena fe contractual, realizar novaciones contractuales temporales, de forma que, entre otros, se modificaran o difirieran los plazos de pago o incluso se suspendiera o dejara sin efecto la exigibilidad de tal obligación, durante el periodo de tiempo que permanezca la paralización del comercio.

Como en los otros casos, las partes deberán negociar y pactar unas condiciones contractuales temporales que, por un lado, permitan evitar incumplimientos de las partes, y, por otro, que posibiliten devolver a la normalidad los términos y condiciones del contrato, tan pronto se reactive la actividad económica del país.

Para concluir, como hemos visto, no existen soluciones jurídicas de aplicación unilateral y directa por lo que se debe apelar, sobretodo, a la buena fe y sentido común de las partes contratantes, intentando aplicar las herramientas existentes en nuestro ordenamiento jurídico para que ambas partes puedan verse satisfechas con la solución que se adopte, sin que ninguna de ellas tenga que asumir toda la carga derivada de esta situación extraordinaria que ahora atravesamos.

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